WASHINGTON (OSV News) -- La administración Trump emitió el 28 de julio una nueva normativa sobre el sistema de asilo que podría enviar a cientos de miles de solicitantes directamente a procedimientos de deportación. Según advirtieron defensores católicos de los migrantes, el cambio de política -- que permite remitir determinadas solicitudes de asilo a las cortes de inmigración sin la entrevista previa de un oficial de asilo -- podría dejar a muchos solicitantes en riesgo de ser deportados antes de que sus solicitudes sean evaluadas.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) presentaron el cambio normativo como un esfuerzo por reducir los 1,4 millones de casos de asilo pendientes. La nueva norma entró en vigor de inmediato, sin un período de consulta pública.
"Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demoras y autorización de empleo, no por solicitudes legítimas de protección", declaró el director del USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado con fecha del 27 de julio. "El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a quienes realmente temen persecución y esta regla ayuda a garantizar que los recursos se dirijan a la adjudicación oportuna de esas solicitudes en lugar de a quienes buscan utilizar el sistema como una laguna legal".
Un documento de implementación de la norma estimó que el cambio podría afectar a casi 445.000 personas, poco más del 30% de los casos pendientes de asilo "afirmativo", es decir, solicitudes presentadas por personas que no estaban en proceso de deportación.
Antes de este cambio, las solicitudes de asilo afirmativo normalmente eran evaluadas por un oficial de asilo de USCIS mediante una entrevista presencial. Ahora, determinadas solicitudes pueden ser remitidas directamente a jueces de inmigración del Departamento de Justicia, sin la entrevista previa ante un oficial de asilo de USCIS, que hasta ahora constituía la principal oportunidad para que el solicitante expusiera su caso antes de llegar a la corte de inmigración.
Elizabeth Carlson, abogada principal supervisora de Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), señaló en comentarios escritos enviados a OSV News el 29 de julio que "CLINIC se opone firmemente a esta nueva norma del USCIS, que se emitió sin brindar al público la oportunidad de opinar antes de que entrara en vigor".
"Su propósito claro es canalizar a los solicitantes de asilo directamente a los tribunales de inmigración, eliminando la revisión inicial esencial que realizan los oficiales de asilo", señaló Carlson. "Igualmente preocupante es que la norma se aplica de manera retroactiva a las personas cuyas solicitudes de asilo ya se encontraban pendientes, muchas de las cuales han esperado años para sus entrevistas. Cambiar las reglas a mitad de camino de esta manera trastoca injustamente sus casos y socava la integridad y la imparcialidad del proceso de asilo".
En su comunicado sobre el cambio normativo, USCIS dijo que "la nueva regla entrará en vigor de inmediato" y que aceptará comentarios del público y posteriormente emitirá una regla final en respuesta a dichos comentarios.
David Spicer, director de políticas y participación de la Secretaría de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), declaró a OSV News en comentarios por escrito el 29 de julio que "todavía estamos en el proceso de revisar los cambios introducidos por esta norma y de determinar el alcance total de su impacto en las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos".
"Sin embargo, la USCCB ha afirmado sistemáticamente la importancia de que los procesos para las personas que buscan protección bajo la ley de inmigración de Estados Unidos sean justos, oportunos y ordenados", señaló Spicer. "El debido proceso es un componente clave de ello y un sello distintivo de nuestra tradición jurídica estadounidense. Esto es especialmente importante cuando se trata de asilo y otras protecciones humanitarias, que pueden ser, literalmente, una cuestión de vida o muerte.
Desafortunadamente, lo que vemos hoy es un énfasis desproporcionado en las medidas de control, incluida la cantidad de fondos asignados para ese fin, lo cual puede socavar la integridad de nuestro sistema legal de inmigración".
Ashley Feasley, experta jurídica residente en la Iniciativa de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho Columbus de la Universidad Católica de América, declaró a OSV News: "Si bien no hay duda de que el sistema de asilo necesita reformas para funcionar de manera más eficiente, quitar la oportunidad de una entrevista y una evaluación en persona por parte de un funcionario de asilo capacitado y reemplazarla con la remisión del caso a un juez que ya tiene un calendario sobrecargado en un proceso contradictorio, y con frecuencia sin representación legal, plantea serias preocupaciones en cuanto al debido proceso".
"El objetivo declarado de esta norma es aumentar la eficiencia, pero esa ganancia en eficiencia se logrará a costa de muchas personas vulnerables a quienes ahora se les impedirá presentar su caso de manera significativa", señaló. "Hay solicitantes de asilo que, aunque a primera vista no parecen cumplir con los requisitos, en realidad sí podrían hacerlo y de hecho han sufrido persecución real. Una entrevista con un funcionario de asilo puede revelar hechos más detallados que demuestran que la persona sí cumple con los requisitos".
El cambio en la normativa, que forma parte de las políticas de inmigración de línea dura de la administración Trump, se produce poco después de que una religiosa fuera detenida durante varias horas el 28 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) mientras se dirigía a la Misa dominical en Texas, cerca de la frontera entre EE. UU. y México.
En declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa el 23 de julio, la hermana Leticia Ugboaja --cuyos abogados indicaron que un juez le ha otorgado protección contra la deportación a su país natal, Nigeria, debido a las condiciones de inseguridad en ese país, incluida la amenaza de tortura-- instó a que a los solicitantes de asilo como ella se les dé la oportunidad de "ser escuchados".
La persecución religiosa que afecta predominantemente a las comunidades cristianas en Nigeria ha sido identificada como una preocupación clave para la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, una comisión independiente y bipartidista del gobierno federal de los Estados Unidos que supervisa la libertad religiosa en todo el mundo.
En ese momento, los abogados de la hermana Leticia expresaron su preocupación de que la administración de Trump pudiera intentar deportarla a un tercer país. Sin embargo, el obispo Daniel E. Flores, de Brownsville, Texas, afirmó en un comunicado del 29 de julio que la hermana Leticia, conocida como "hermana Letty", podrá "permanecer en nuestra comunidad mientras se permite que su caso siga su curso".
"Si bien sentimos cierto alivio ante estos acontecimientos más recientes, también recordamos que es importante seguir orando y acompañando a las numerosas personas y familias que viven con miedo y ansiedad mientras buscan una forma de resolver su situación migratoria", dijo el obispo Flores.
"La perspectiva de ser deportados a un tercer país aterroriza a muchas personas que, al igual que la hermana Letty, no han violado ninguna ley y a quienes se les ha concedido permiso para permanecer en el país mientras las condiciones en su país de origen sigan poniendo en peligro sus vidas".
Aunque "la hermana Letty puede recurrir a vías legales que le permitan permanecer aquí y no ser deportada a un tercer país", continuó, "el resultado de esos esfuerzos sigue siendo una incógnita".
"El caso de la hermana Letty nos recuerda que el derecho a recurrir a la justicia y el respeto a las normas del debido proceso son una parte vital de nuestro sistema legal, diseñado para proteger a las personas vulnerables que, a menudo, no tienen voz", dijo el obispo Flores.
La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a migrar para sustentar sus vidas y las de sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
