El Senado de Michigan aprueba actualizaciones de la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen de 1976, incluidas la orientación sexual y la identidad de género
LANSING — La decisión del Senado de Michigan de aprobar una legislación que agrega nuevas clases a la ley estatal de derechos civiles de 1976 sin protecciones religiosas probablemente resulte en discriminación contra las personas religiosas, precisamente lo que la ley originalmente pretendía prevenir, dijo la Conferencia Católica de Michigan el 1 de marzo.
El Senado estatal votó 23 a 15, el 1 de marzo para agregar orientación sexual, identidad y expresión de género a la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen, pero sin una enmienda propuesta que habría protegido a las organizaciones religiosas que tienen puntos de vista tradicionales sobre la definición de matrimonio, sexualidad humana y género.
El proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de Representantes de Michigan, que se espera que lo apruebe antes de enviar la medida a la gobernadora Gretchen Whitmer, quien probablemente la firme.
No proteger a las personas religiosas, a los dueños de negocios e incluso a las iglesias de la discriminación basada en sus creencias tendrá ramificaciones legales para Michigan, dijo Tom Hickson, vicepresidente de políticas públicas y defensa de la Conferencia Católica de Michigan, que representa a las siete diócesis católicas del estado.
“Estamos decepcionados de que los miembros del Senado votaron hoy para negar los derechos y protecciones constitucionales a las organizaciones religiosas que tienen creencias de larga data sobre el matrimonio que difieren de la cultura secular”, dijo Hickson. “Al no lograr un equilibrio y votar en contra de las enmiendas para garantizar que las organizaciones religiosas no sean atacadas por sus creencias religiosas de larga data sobre el matrimonio y las diferencias de género, el Senado ha aprobado la creación de una clase de ciudadanos contra los cuales la discriminación y los litigios dirigidos serán probable."
La Conferencia Católica de Michigan y otros han argumentado que sin tales protecciones, las organizaciones basadas en la fe pueden enfrentar un enjuiciamiento por operar de acuerdo con sus creencias en el espacio público, incluso en entornos de servicios sociales, educación y adopción.
Hickson señaló que todos los demás estados que han enmendado su ley contra la discriminación (22 estados más el Distrito de Columbia) han incluido protecciones para las organizaciones religiosas.
“Desafortunadamente, Michigan parece ir en una dirección opuesta y sin precedentes”, dijo Hickson en una comunicación anterior el 9 de febrero. “Todas las personas, independientemente de su orientación o clasificación, son hijos de Dios y deben ser tratados con dignidad, respeto y compasión. Reconocemos la pasión que es parte de esta conversación”.
La acción de la legislatura estatal se produce después de que la Corte Suprema de Michigan votara en julio de 2022 para redefinir "sexo" en su interpretación de la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen para incluir la orientación sexual y la identidad de género.
En diciembre, una parroquia en el centro de Michigan demandó al estado, argumentando que la redefinición impide la capacidad de la parroquia para contratar personal y maestros que se adhieren a la enseñanza católica en su vida personal sin temor a represalias.
La parroquia, St. Joseph Parish en St. Johns, dijo que la redefinición también podría responsabilizarla por negarse a permitir que estudiantes varones biológicos accedan a vestuarios y baños femeninos, alquilar instalaciones para ceremonias de bodas entre personas del mismo sexo o defender la enseñanza católica tradicional en aulas y entornos de educación religiosa.
Lori Windham, vicepresidenta y asesora principal de Becket, la firma que representa a la parroquia, le dijo al Lansing State Journal en ese momento que St. Joseph no está interesado en derogar la Ley de Derechos Civiles Elliot-Larsen actualizada.
“No están pidiendo que se invalide toda la ley”, dijo. “Están pidiendo poder continuar con sus propias creencias y prácticas religiosas”.
La Conferencia Católica de Michigan sigue pidiendo a los católicos de todo el estado que escriban a sus representantes a nivel estatal a través de la Red de Defensa Católica. Hasta el momento, se han enviado más de 7.000 mensajes a los legisladores de Lansing “pidiendo protecciones para las organizaciones religiosas para que puedan continuar sirviendo a otros sin preocuparse de ser llevados a los tribunales por ejercer sus creencias en público”, dijo la conferencia.
