WASHINGTON (OSV News) -- El 25 de junio, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que la Administración Trump puede volver a aplicar una política consistente en rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera entre EE.UU. y México antes de que entren en el país, conocida como "metering".
La pregunta central del caso era si los ciudadanos no estadounidenses solicitantes de asilo deben cruzar literalmente la frontera para solicitar asilo, o si también se debe permitir solicitarlo a quienes se presentan en la frontera y solicitan la entrada.
En un fallo de 6 a 3, el juez Samuel Alito afirmó: "Este caso plantea una cuestión sencilla: si un extranjero que pretende entrar a Estados Unidos desde México ‘llega a Estados Unidos’ cuando aún se encuentra en México".
Alito señaló que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito "respondió que ‘sí’. Eso es erróneo".
"En el lenguaje coloquial, nadie diría que una persona ‘llega a’ un lugar --por ejemplo, una casa, una ciudad o un país-- antes de que esa persona entre en dicho lugar", afirmó. "El contexto en el que se utiliza la expresión ‘llega a Estados Unidos’ en las leyes de inmigración que nos ocupan respalda una interpretación basada en el sentido común".
En un extenso voto particular discrepante, la magistrada Sonia Sotomayor argumentó que la "interpretación ilógica de la mayoría se basa casi exclusivamente en una fijación por una sola palabra: ‘a’". (En inglés, la palabra en cuestión sería "in", "arrives in the United States".)
"Las palabras, sin embargo, deben interpretarse en su contexto y prestando atención a cómo encajan en la ley en su conjunto", escribió.
Citando el desafortunado viaje transatlántico de 1939 de la embarcación M.S. St. Louis --que transportaba a refugiados judíos que huían de la Alemania nazi, habían solicitado visas para ingresar a EE.UU. y planeaban esperar la aprobación en La Habana, solo para que se les denegara la entrada y fueran devueltos a Europa--, Sotomayor escribió que "el Gobierno de EE.UU. también les denegó la entrada, en parte porque las leyes de inmigración de la época establecían cuotas estrictas por país y la cuota correspondiente ya se había agotado para ese año".
"Trágicamente, más de 500 de los refugiados que habían intentado huir quedaron atrapados en Europa Occidental bajo control alemán, y más de 250 de ellos murieron durante el Holocausto", escribió, añadiendo que Estados Unidos "negoció posteriormente tratados internacionales con otras naciones para evitar incidentes futuros como el del viaje del M.S. St. Louis".
"El Congreso aprobó la Ley de Refugiados en 1980 porque no quería que este país repitiera los errores de su pasado", escribió Sotomayor. "Sin embargo, si los refugiados del M S. St. Louis se presentaran hoy en un puerto de entrada de nuestra frontera sur, la interpretación de la mayoría permitiría a los agentes de inmigración negarse incluso a considerar sus solicitudes de asilo, impidiéndoles físicamente poner un pie en suelo estadounidense".
La práctica de "metering" (dosificación, en español) --a veces conocida como "política de devolución"-- es la medida consistente en rechazar, o retrasar, a algunos solicitantes de asilo que llegan a la frontera, bajo el argumento de que solo es posible tramitar un número limitado de solicitudes de asilo en un día determinado. Esta práctica se implementó por primera vez durante la presidencia de Barack Obama y posteriormente se amplió durante el primer mandato de Donald Trump, antes de ser derogada en 2021 por la administración del presidente Joe Biden, pero la segunda administración de Trump ha intentado restablecerla.
Ashley Feasley, experta jurídica residente de la Iniciativa de Derecho y Política de Inmigración de The Catholic University of America Columbus School of Law, declaró a OSV News: "La decisión de hoy otorga al Gobierno el derecho a regular la tramitación de los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de EE.UU. mediante el control de flujos migratorios".
"Esto puede parecer un simple derecho de las naciones soberanas a controlar sus fronteras", señaló. "La realidad es que las implicaciones políticas de esta decisión son muy amplias y pueden tener consecuencias humanas muy reales y graves".
"Dependiendo de cómo se aplique esta política en el futuro, podría dar lugar a restricciones generales para los solicitantes de asilo en los (puntos de entrada) sin ofrecer, en la práctica, ninguna justificación tangible para tales retrasos", continuó. "Esto podría provocar un verdadero sufrimiento humano, afectando a personas ya de por sí vulnerables que no pueden acceder a la protección y al asilo en los (puntos de entrada) y que, en cambio, son devueltas a condiciones peligrosas en México".
De hecho, "podría llevar a que más personas cruzaran entre los (puntos de entrada) por desesperación, lo cual es peligroso, ineficaz y contrario al interés nacional", afirmó.
El fallo del tribunal permitirá que la política entre en vigor, lo que impediría que los solicitantes de asilo pisen territorio estadounidense, donde la ley federal les permite solicitar asilo. Si este les fuera concedido, recibirían protección frente a la persecución en su país de origen. Otras medidas adoptadas por la segunda administración Trump para restringir el acceso al asilo enfrentan desafíos legales por separado.
La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para subsistir y mantener a sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración, y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
En referencia a esta sentencia, así como a otra dictada el mismo día que permite a la administración Trump retirar la designación de "Estatus de Protección Temporal" a Haití y Siria, Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network (la Red Católica de Asistencia Jurídica en materia de Inmigración conocida como CLINIC), afirmó en un comunicado que ambas sentencias "son devastadoras para nuestros clientes y para quienes acompañamos a los inmigrantes vulnerables a través del sistema jurídico".
"Como católicos, creemos en un Dios que llora por nuestro sufrimiento, que se preocupa por la caída de un gorrión, por los más pequeños", afirmó. "Y por eso, nosotros también lloramos por nuestros clientes, cuyos derechos de asilo se ven restringidos o que temen volver a situaciones que ponen en peligro inmediato su vida a causa de esta decisión judicial. Caminamos junto a ellos como defensores legales, siendo testigos de primera mano de la injusticia de nuestras leyes. Sabemos que hoy es un día sombrío para muchas personas a las que hemos llegado a conocer y a las que queremos, incluidos los residentes legales de este país, miembros queridos de nuestra comunidad".
En un escrito de amicus curiae presentado en febrero por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en apoyo de los migrantes que impugnan la política, se afirmaba: "La política viola la obligación de cuidar a los refugiados, un principio legal y moral fundamental que recorre casi dos milenios de fe católica, un consenso humanitario internacional y la historia de esta nación".
