WASHINGTON (OSV News) -- La Corte Suprema de EE.UU. anunció el 13 de noviembre que analizará un caso relacionado con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe las solicitudes de asilo en la frontera sur.
Un juez federal había dictaminado anteriormente que la política, promulgada por Trump el primer día de su segundo mandato, era ilegal, pero se ha mantenido vigente en medio de un litigio en curso.
La administración de Trump solicitó a la Corte Suprema que revocara el fallo del tribunal inferior.
James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en una publicación en X: "El factor más importante para el éxito del presidente en la frontera ha sido esta orden ejecutiva que firmó el primer día".
"Después de haber defendido con éxito esta autoridad en los tribunales inferiores durante dos años, esperamos presentar nuestros argumentos ante la Corte Suprema", afirmó.
La proclamación suspende el ingreso de determinados migrantes por la frontera sur y les impide acceder al proceso de solicitud de asilo
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), junto con otras organizaciones, impugnó la política en nombre de las personas a quienes se les impide solicitar asilo.
"El presidente no tiene derecho a anular unilateralmente las protecciones que el Congreso ha otorgado a quienes huyen del peligro", afirmó Lee Gelernt, abogado principal y subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado. "Los tribunales hacen bien en rechazar esta usurpación de poder sin precedentes que pondría en peligro innumerables vidas. Esperamos con interés presentar nuestro caso ante la Corte Suprema".
La ley federal otorga el derecho a solicitar asilo a quienes temen ser perseguidos en sus países de origen, pero otorga al poder ejecutivo la autoridad para resolver esas solicitudes. Sin embargo, la administración de Trump ha argumentado que puede denegar de plano las solicitudes.
El historial de la administración de Trump ante la Corte Suprema en relación con sus políticas de inmigración de línea dura es mixto. En un fallo histórico en junio, la Corte anuló la orden ejecutiva de Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento, al determinar que la orden violaba la 14.ª Enmienda. Ese mismo mes, la Corte Suprema permitió que la administración de Trump pusiera fin a un programa que protegía temporalmente de la deportación a los inmigrantes haitianos y sirios elegibles que vivían en EE.UU.
A principios de este año, la Corte Suprema también se pronunció sobre una política distinta pero relacionada, permitiendo a la administración de Trump volver a implementar una política de rechazo de los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México antes de que ingresen al país cuando los cruces fronterizos están saturados, conocida como "metering".
Ashley Feasley, experta jurídica residente en la Iniciativa de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho Columbus de la Universidad Católica de América, declaró a OSV News que, al aceptar el caso, la Corte Suprema "continúa su racha de aceptar casos en esta sesión que plantean importantes cuestiones de autoridad en materia migratoria y de legalidad".
"La Corte analizará específicamente si una proclamación presidencial emitida por el presidente Trump en enero de 2025 puede impedir efectivamente que ciertas personas ingresen al país y soliciten asilo u otras formas de protección más limitadas, como la suspensión de la expulsión (withholding of removal)", señaló Feasley. "El resultado de este caso tendrá importantes implicaciones políticas, ya que probablemente determinará la capacidad de la administración de Trump y de futuras administraciones para implementar sus políticas de acceso al asilo en las fronteras de Estados Unidos".
La doctrina social católica sobre la inmigración equilibra tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a migrar para sustentar sus vidas y las de sus familias; el derecho de un país a regular sus fronteras y controlar la inmigración; y el deber de una nación de regular sus fronteras con justicia y misericordia.
Se espera que la Corte Suprema escuche el caso en la primavera de 2027 y emita un fallo antes de que termine su período de sesiones, lo cual suele ocurrir en junio.


