La conferencia del 6 de mayo en el Sacred Heart Major Seminary fue el tercer encuentro de Witness to Hope realizado en Estados Unidos
DETROIT ─ Más de 200 personas se reunieron el 6 de mayo en el Sacred Heart Major Seminary, en Detroit, para reflexionar sobre el testimonio profético de la Iglesia en medio de los debates sobre la inmigración y el impacto que las políticas federales actuales han tenido en las comunidades inmigrantes durante los últimos dos años.
Sacerdotes, obispos, líderes parroquiales y defensores de los derechos de los inmigrantes de 10 diócesis participaron en Witness to Hope: Pastoral Care of Immigrant Communities (“Testimonio de esperanza: atención pastoral de las comunidades inmigrantes”), una iniciativa conjunta entre la Arquidiócesis de Detroit, Catholic Charities of Southeast Michigan, el Hope Border Institute y el Center for Migration Studies of New York, para reflexionar sobre cómo la Iglesia puede acompañar a las comunidades inmigrantes, tanto a nivel parroquial como diocesano, en medio del endurecimiento de las medidas de control migratorio impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Este fue el tercer encuentro de una jornada completa, después de reuniones similares de Witness to Hope realizadas en Providence y Phoenix en los últimos meses.
“El objetivo hoy es salir de aquí motivados para dar los próximos pasos como diócesis, parroquias, congregaciones religiosas o grupos de organizaciones católicas, porque algunos de ustedes quizá ya estén haciendo muy bien muchas cosas”, dijo el P. David Buersmeyer, sacerdote de la Arquidiócesis de Detroit y capellán de Strangers No Longer, un grupo católico dirigido por laicos que promueve los derechos de los inmigrantes en Detroit.
“Pero también hay quienes quizá necesiten empezar algo nuevo. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Dónde podemos encontrar inspiración para comenzar?”, agregó el P. Buersmeyer.
En la conferencia participaron miembros del clero y líderes laicos de la Arquidiócesis de Detroit y de las diócesis de Gaylord, Grand Rapids, Kalamazoo, Lansing y Saginaw, en Michigan, así como de las diócesis de Cleveland, Columbus, Toledo y Youngstown, en Ohio.
El arzobispo de Detroit, Edward J. Weisenburger, dio la bienvenida a los distintos grupos que promueven los derechos de los inmigrantes en sus comunidades, entre ellos a sus hermanos obispos: el obispo Earl A. Boyea, de Lansing; el obispo David J. Walkowiak, de Grand Rapids; y el obispo auxiliar Jeffrey M. Monforton, de Detroit.
El paradigma del Evangelio
El arzobispo Edward J. Weisenburger recordó sus años como estudiante de filosofía en la UCLouvain, en Bélgica, donde uno de sus profesores reflexionaba sobre lo que ocurre cuando una persona sale al encuentro de otra que necesita ayuda.
“Mi profesor hablaba del rostro del otro. Decía que, cuando uno mira el rostro de alguien que sufre o está necesitado, descubre que esa persona interpela profundamente nuestra vida”, expresó el arzobispo Weisenburger. “Y cuando uno decide apartarse o ignorar ese llamado, también está negando algo esencial de su propia humanidad”.
El arzobispo también recordó su experiencia como obispo de Tucson, donde Catholic Charities y la Kino Border Initiative llegaron a asistir hasta 1.400 personas por día derivadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
“Al ver todo aquello, me di cuenta de que el paradigma político dominante era completamente diferente al paradigma evangélico de la Iglesia”, dijo el arzobispo Weisenburger. “Me costaba encontrar la manera de unir esos dos mundos. Y no eran solo las historias de los migrantes, inmigrantes y solicitantes de asilo que pasaban por allí. También estaban los miles de voluntarios que llegaban cada día. Después de encontrarse cara a cara con el sufrimiento del otro, ya no podían desentenderse. Comprendían que su humanidad —e incluso, de algún modo, su salvación— también dependía de cómo respondieran a esa realidad”.
Fue en ese contexto, al reconocer la presencia de Cristo en el prójimo, que el arzobispo Weisenburger invitó a la Iglesia a reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con la inmigración.
“El paradigma político actual es profundamente doloroso”, afirmó el arzobispo Weisenburger. “Quizá hoy el Evangelio sea más profético que nunca. Sigamos siendo proféticos, sin perder nuestra alma, con amor y esperanza”.
Preservar la dignidad humana
La conferencia contó con la participación de abogados y especialistas en políticas públicas que profundizaron en la enseñanza de la Iglesia sobre el control migratorio y sobre los derechos y responsabilidades de los Estados a la hora de regular sus fronteras.
“Ante todo, hay que decir que la enseñanza católica reconoce el derecho de las naciones soberanas a controlar sus fronteras, pero ese derecho no es absoluto”, explicó Kevin Appleby, investigador principal de políticas públicas y comunicación del Center for Migration Studies of New York. “Ese control debe estar guiado por el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Y hoy vemos que tanto los derechos humanos como la dignidad humana están siendo vulnerados”.
Appleby animó a los participantes a evitar expresiones vagas o que se repiten frecuentemente como “asegurar la frontera” cuando se habla de políticas migratorias, ya que suelen carecer de claridad y contenido concreto.
En cambio, señaló que los católicos pueden apoyarse en las enseñanzas de los papas san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, quienes han reconocido el derecho inherente de las personas a migrar. En particular, Appleby citó la encíclica Veritatis Splendor, publicada por san Juan Pablo II en 1993, en la que las deportaciones masivas y la expulsión forzada de personas son calificadas como un “mal intrínseco”.
“En noviembre del año pasado, los obispos de Estados Unidos dieron un paso importante al afirmar por primera vez: ‘Nos oponemos a la deportación masiva e indiscriminada de personas’”, señaló Appleby. “Eso fue un gran avance por parte del episcopado”.
Appleby también mencionó estudios que muestran que solo el 2% de los inmigrantes deportados pertenecían a pandillas y apenas el 0,5% eran terroristas, mientras que más del 50% no tenía antecedentes penales, contradiciendo así parte del discurso político utilizado para justificar las políticas de deportaciones masivas.
“Lo que los obispos piden en una reforma migratoria es, ante todo, que los inmigrantes con arraigo, familias, trabajo y un aporte real a sus comunidades no sean considerados prioridad para las medidas de control migratorio”, explicó Appleby. “La Iglesia sostiene que deberían tener un camino hacia la ciudadanía. Debe haber una reforma migratoria. Son personas que durante años han contribuido al bienestar de nuestras comunidades, han comprado viviendas, iniciado negocios y formado familias. No deberían ser deportadas; deberían tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos”.
“Las familias, por supuesto, no deberían ser separadas”, añadió. “Y los niños, que muchas veces sufren en silencio en este tipo de situaciones, merecen una consideración especial. Los obispos también señalaron que el debido proceso debe ser garantizado, especialmente para quienes buscan protección frente a la persecución”.
El costo humano de las deportaciones
Jazmin Rubio, coordinadora de programas familiares de Catholic Charities of Southeast Michigan para el programa La Casa Amiga, compartió la historia migratoria de su padre.
Rubio relató que su padre pasó dos días cruzando el desierto desde México hacia Estados Unidos. Durante los cinco años siguientes trabajó en tres empleos y, con el tiempo, logró que tres de sus hijos fueran a la universidad.
“Comparto esta historia porque, como hija de inmigrantes, sé lo que significa amar a la distancia”, expresó Rubio.
En su trabajo actual, Rubio dijo que con frecuencia ve el impacto que las deportaciones tienen en las familias.
“Recuerdo a una madre que llegó a mi oficina buscando ayuda. Lleva 12 años viviendo aquí con sus tres hijos y, de un día para otro, su esposo fue deportado”, relató Rubio. “No tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito. Ahora ella no sabe cómo sostener la casa con un solo ingreso y está tratando de encontrar dónde vivir con sus hijos, porque actualmente se están quedando en el sótano de una amiga”.
Por su parte, Monica Tay Belej, directora de la clínica legal de La Casa Amiga Legal Clinic, subrayó la importancia de hablar sobre inmigración con claridad y basándose en los hechos.
Belej señaló que, en promedio, los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, cometen menos delitos que las personas nacidas en Estados Unidos.
“La mayoría de nuestros clientes pertenecen a lo que llamamos ‘familias de estatus mixto’, es decir, hogares donde quizá uno de los padres es indocumentado o está atravesando un proceso de deportación”, explicó Belej.
“Todos sabemos, por experiencia propia, que cuando un miembro de la familia sufre, eso afecta a todos”, continuó. “Pensemos en un niño nacido aquí, en Estados Unidos, de padres indocumentados. Llega un momento en que comprende que el futuro de sus padres en este país es incierto y que podrían ser deportados. Imaginen la inseguridad y el miedo con los que empieza a vivir”.
Daris Bartolon, solicitante de asilo originaria de Guatemala, compartió su testimonio como víctima de violencia doméstica que huyó de su país porque la corrupción política impedía que la policía la protegiera de su agresor.
Junto a su hija atravesó México, enfrentando el riesgo de caer en manos de traficantes de personas, hasta llegar a Estados Unidos para pedir asilo. Mientras espera la resolución de su caso, debe llevar en el tobillo un dispositivo GPS ordenado por la corte.
“Vivir este proceso es vivir con miedo. Aunque hago todo lo posible por cumplir cada una de las reglas impuestas por las autoridades migratorias”, expresó Bartolon a través de una traductora, “siempre temo que puedan detenernos, incluso cuando llevo a mi hija a la escuela”.
Después de que su solicitud de asilo fuera rechazada inicialmente por no contar con un abogado, Bartolon acudió a Strangers No Longer para recibir asesoramiento legal sobre cómo apelar la decisión del juez.
Bartolon debía presentarse ante el tribunal con un plan de viaje para abandonar el país después de la conferencia, pero el juez pospuso el procedimiento hasta el 1 de junio para escuchar una apelación. Además, señaló que los testimonios personales de miembros de la comunidad podrían ayudar en su caso.
“Strangers No Longer me ha acompañado muchísimo de distintas maneras”, expresó Bartolon. “Estoy muy agradecida de formar parte del círculo de apoyo de Strangers No Longer, especialmente por las otras mujeres inmigrantes de la comunidad que están ayudando a mi familia y a mí a atravesar este momento”.
Defender los derechos de los inmigrantes
Meghan Kennedy Riordan, abogada del Kitch Law Firm, ofreció una presentación sobre los derechos que tienen las personas al interactuar con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Riordan explicó que los agentes de ICE necesitan órdenes firmadas por jueces estatales o federales —y no por jueces de inmigración— y además deben portar credenciales que los identifiquen como oficiales federales.
“El conocimiento es poder, y necesitamos decir la verdad”, afirmó Riordan. “Tenemos que alzar la voz y derribar muchos de los mitos que existen sobre la inmigración. Entrar ilegalmente a Estados Unidos no es un delito grave; es una falta menor. Y una persona no se convierte en criminal por cometer una falta menor. Estar en el país sin autorización es comparable a recibir una multa de tránsito”.
Riordan señaló que también es responsabilidad de las personas corregir a sus compañeros de parroquia, amigos y familiares cuando tienen conceptos erróneos sobre la inmigración.
“He trabajado la mayor parte de mi carrera como abogada laboralista del lado corporativo, y puedo decirles que las vías legales para inmigrar se han reducido muchísimo”, afirmó Riordan. “Actualmente, en Estados Unidos solo se otorgan 85.000 visas H-1B. El sistema funciona por sorteo. En los últimos cinco o seis años, unas 400.000 personas participaron cada año de esa lotería para apenas 85.000 visas”.
Riordan explicó que el sistema actual favorece principalmente a inmigrantes con títulos de posgrado preparados para ocupar empleos de altos ingresos.
“Hay empleadores que contratarían inmigrantes sin dudarlo”, aseguró. “Representé a una empresa en Madison Heights donde la mayoría de los trabajadores de la planta contaban con TPS porque eran personas responsables y comprometidas con el trabajo. La empresa estaba feliz de tenerlos. Hace seis meses había más de 100 personas trabajando allí, y ahora tres cuartas partes de esa planta ya no existen”.
Riordan agregó que las parroquias con una importante población inmigrante deberían prepararse ante la posibilidad de que ICE realice operativos en sus instalaciones.
“Necesitan informar y capacitar a sus comunidades”, afirmó. “Es importante comenzar a colocar carteles que indiquen ‘privado’. Una orden de deportación o una orden administrativa no es suficiente para ingresar a espacios privados o no públicos. Los empleados administrativos o el personal de la parroquia no están obligados a responder preguntas de los agentes de ICE y pueden pedir ver una orden judicial antes de permitir el ingreso a áreas privadas”.
El camino a seguir
Durante la segunda parte de la conferencia, los participantes se dividieron en grupos diocesanos para conversar sobre los desafíos particulares que enfrentan al acompañar a las comunidades inmigrantes en sus propias regiones.
Todd Scriber, coordinador de alcance educativo de la Oficina de Políticas Migratorias y Asuntos Públicos de la United States Conference of Catholic Bishops, participó en un panel sobre la respuesta de la Iglesia ante la situación migratoria actual.
Junto a él estuvieron Dylan Corbett y Astrid Liden, del Hope Border Institute; Sue Weishar, especialista en participación comunitaria del Catholic Immigration Prophetic Action Project; y Bill O’Brien, de Strangers No Longer.
“El centro del debate sobre inmigración ha cambiado”, señaló Scriber. “Tradicionalmente, los obispos y el personal de la conferencia episcopal trabajaban mucho en tareas de incidencia pública, iniciativas legislativas y gestiones administrativas, y eso sigue ocurriendo. Todavía hay muchas personas dedicadas a ese trabajo. Pero el tema se ha vuelto tan rígido a nivel nacional, con republicanos y demócratas aferrados a posiciones muy definidas, que actualmente resulta muy difícil lograr avances realmente efectivos en el plano legislativo”.
Scriber explicó que la United States Conference of Catholic Bishops llegó a contar con alrededor de 180 empleados dedicados a cuestiones migratorias, pero que, debido a la falta de fondos tras los recortes impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental del poder ejecutivo federal, hoy ese equipo se redujo a solo seis personas.
Esta situación llevó a la conferencia episcopal a trabajar más estrechamente con organizaciones como el Center for Migration Studies of New York, el Hope Border Institute y distintas sedes de Catholic Charities en todo el país.
Scriber señaló que el mensaje sobre inmigración publicado por los obispos en noviembre de 2025 refleja la importancia que este tema tiene actualmente para la Iglesia en Estados Unidos.
“Fue el primer mensaje especial publicado por el conjunto de los obispos desde el mandato sobre anticonceptivos en 2013, así que eso muestra la relevancia del tema”, explicó Scriber. “Este tipo de declaraciones no sucede con frecuencia. Y cuando ocurre, queda claro que se trata de una preocupación muy profunda para los obispos”.
El documento fue aprobado con un respaldo abrumador: 216 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Además de pedir una reforma migratoria integral, Scriber explicó que los obispos también han llamado a bajar el tono de la retórica política en torno a la inmigración. Según indicó, los obispos condenaron la demonización de los inmigrantes, expresaron preocupación por las condiciones en los centros de detención y manifestaron su cercanía con los migrantes y sus familias.
“Los obispos han pedido vías seguras y legales que respeten la dignidad de los migrantes”, afirmó Scriber. “Al mismo tiempo, el documento reafirma el derecho del Estado a controlar y administrar sus fronteras”.
Scriber también destacó la iniciativa You Are Not Alone (“No estás solo”) de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que ofrece recursos e información para ayudar a los fieles a comprender la enseñanza de la Iglesia sobre migración y las distintas maneras de apoyar a los inmigrantes en sus comunidades.
“En el fondo, esta iniciativa busca mostrar cómo la Iglesia vive concretamente las obras de misericordia espirituales y corporales con quienes más lo necesitan, y pensamos especialmente en dos grupos”, explicó Scriber. “En primer lugar, los migrantes y sus familias, que son quienes sufren de manera más directa las consecuencias de las deportaciones y la separación familiar”.
Scriber también reconoció el trabajo de quienes acompañan a los migrantes, señalando que muchas veces realizan una tarea silenciosa y poco valorada.
“Muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen, pero queremos que sepan que el trabajo que hacen con y por los migrantes es muy importante”, afirmó.
Otros participantes del panel compartieron estrategias, tanto a nivel parroquial como diocesano, para comenzar o ampliar iniciativas de apoyo a los inmigrantes. Entre ellas mencionaron la creación de clínicas legales gratuitas para garantizar representación en audiencias judiciales, vigilias de oración frente a centros de detención y el diálogo con autoridades policiales locales para expresar preocupaciones sobre su colaboración con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional en casos federales.
Al finalizar la conferencia, el P. David Buersmeyer dijo a Detroit Catholic que los católicos, como personas de esperanza, tienen un papel fundamental a la hora de comunicar con claridad y caridad en las conversaciones sobre inmigración.
El P. Buersmeyer explicó que los encuentros Witness to Hope nacieron de la necesidad de responder al daño causado por las políticas de deportaciones masivas, que han herido a personas, familias y comunidades enteras, e incluso provocado muertes tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses.
El P. Buersmeyer reconoció que el debate público sobre las políticas migratorias —tanto por su contenido como por la forma en que se aplican— sigue siendo muy polémico y probablemente continuará así. Aun así, consideró fundamental que las personas conozcan mejor la enseñanza de la Iglesia sobre los derechos y responsabilidades de todos.
“El papa Francisco, el papa León, e incluso nuestro arzobispo Weisenburger han escrito sobre inmigración”, señaló el P. Buersmeyer. “La Iglesia puede y debe ser una voz moral clara en defensa del cuidado de todas las personas, y especialmente de los inmigrantes, de su dignidad y de sus derechos fundamentales”.
Además, remarcó que la postura de la Iglesia no responde a intereses partidarios.
“La Iglesia puede mostrar que esto no pasa por ideologías políticas ni por una pelea entre demócratas y republicanos”, afirmó. “Todo nace del Evangelio y de vivirlo concretamente, desde una enseñanza moral que se remonta a Jesús mismo. Toda la tradición católica nos impulsa, de alguna manera, a acompañar y defender a los inmigrantes en situaciones como esta”.
Aunque reconoció que las discusiones sobre inmigración suelen volverse tensas, el P. Buersmeyer insistió en que el mensaje del Evangelio se aplica a todas las personas y en cualquier circunstancia.
También afirmó que la Iglesia tiene la obligación de denunciar las injusticias, anunciar la verdad y animar a las personas a reconocer a Cristo en el prójimo.
El proceso legal migratorio es “casi imposible” para muchas personas, sostuvo el P. Buersmeyer, y aseguró que, si pudieran ingresar legalmente al país, lo harían.
“Algunos siempre terminan diciendo: ‘Están aquí ilegalmente’”, expresó. “Pero muchas veces no conocen realmente la situación. Nuestra Constitución es muy clara y protege a todas las personas que viven aquí, tengan documentos o no. Todos tienen derecho al debido proceso. Esos derechos no pueden ser ignorados, y la Iglesia tiene la obligación de alzar la voz cuando eso ocurre”.
