WASHINGTON (OSV News) -- La administración Trump planea apelar el fallo de una jueza federal del 11 de julio que prohíbe a los oficiales de inmigración en el sur de California llevar a cabo acciones de control de inmigración basadas únicamente en la raza de una persona o en el hecho de que esa persona hable español.
Los defensores católicos de la inmigración han expresado su preocupación por algunos esfuerzos dirigidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California. El obispo de San Bernardino, California, emitió el 8 de julio una dispensa, la primera de este tipo, de la obligación de asistir a la Misa dominical para los fieles que teman por su bienestar a causa de las operaciones llevadas a cabo por agentes del ICE.
La sentencia de la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong de Los Ángeles establece que los agentes de inmigración deben tener "sospechas razonables de que la persona a la que se va a detener se encuentra dentro de Estados Unidos violando la ley de inmigración estadounidense".
Dictaminó que, salvo en los casos permitidos por la ley, la sospecha de los agentes de que se está violando la ley de inmigración no puede basarse -- sola o en combinación -- en la raza o etnia aparente de una persona; en que hable español o inglés con acento; en su presencia en un lugar concreto; o en el tipo de trabajo que realiza.
En declaraciones al City News Service del sur de California, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, argumentó: "Ningún juez federal tiene autoridad para dictar la política de inmigración: esa autoridad corresponde al Congreso y al presidente".
"Las operaciones de aplicación de la ley requieren una cuidadosa planificación y ejecución, competencias que exceden con mucho el ámbito o la jurisdicción de cualquier juez. Esperamos que esta flagrante extralimitación de la autoridad judicial se corrija en apelación", añadió Jackson.
La orden de Frimpong que prohíbe a las "patrullas itinerantes" detener a personas basándose en su presencia en determinados lugares, especificaba ejemplos como paradas de autobús, lugares donde se puede encontrar a jornaleros, lavaderos de coches o terrenos agrícolas como base para detener a personas.
El fallo se produce en medio de la controversia después de que el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijera durante una entrevista con Fox News que los agentes de ICE no necesitan una causa probable para detener a alguien, y enumerara la "apariencia física" entre las razones por las que los agentes podían hacerlo.
Pero Homan se retractó más tarde de esos comentarios en CNN, diciendo: "Quiero ser claro porque mis palabras fueron sacadas de contexto".
"La descripción física no puede ser la única razón para detener e interrogar a alguien. No puede ser la única razón para levantar sospechas razonables", dijo. "Es una miríada de factores".
J. Kevin Appleby, investigador principal de política en el Centro de Estudios sobre Migración, con sede en Nueva York, y ex director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., dijo a OSV News: "Es triste que estemos en un punto en nuestro país en el que el perfil racial se está utilizando abiertamente para perseguir a las personas sin causa probable".
"Como ha demostrado la historia, esto puede llevar a la detención de residentes legales y ciudadanos estadounidenses, donde la única prueba en su contra es el color de su piel", dijo Appleby.
La doctrina social católica sobre la inmigración trata de equilibrar tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias, el derecho de un país a regular sus fronteras y la inmigración, y el deber de una nación de llevar a cabo esa regulación con justicia y misericordia.
Los informes de los medios de comunicación de todo el país han citado cada vez más casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes de inmigración en medio de la intensificación de la campaña de deportación masiva de la administración Trump.
Antes de los esfuerzos actuales, un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno en 2021 encontró que entre 2015 y 2020 ICE podría haber deportado a 70 ciudadanos estadounidenses identificados erróneamente como extranjeros.
Un informe conjunto entre organizaciones afiliadas a diferentes iglesias cristianas y publicado este año encontró que el 80% de las personas en la mira de la administración Trump en busca de lo que ha llamado "la mayor deportación en la historia de Estados Unidos" son cristianas. De los 10 millones de cristianos vulnerables a la deportación, el 61% son católicos.
