(OSV News) -- El arzobispo Charles C. Thompson, de Indianápolis, ha concedido una dispensa temporal de la Misa dominical y de los días de precepto a quienes temen ser detenidos por las autoridades de inmigración.
Esta medida se suma dispensas y orientaciones similares emitidas en otras diócesis de EE.UU. en medio de la ofensiva más amplia de la administración Trump contra la inmigración en el país.
El arzobispo Thompson afirmó que su decreto del 4 de septiembre --redactado en español, inglés, así como criollo haitiano y publicado en la página web de la arquidiócesis-- se aplica a "todas aquellas personas que residan en la Arquidiócesis de Indianápolis que tengan motivos razonables para temer ser detenidas, separadas de sus familias, o sufrir intimidación debido al endurecimiento de las medidas de control de inmigración".
El decreto también abarca "incluso a aquellas personas que cuenten con la documentación legal pertinente", añadió.
La dispensa, emitida de conformidad con el derecho canónico, permanecerá en vigor hasta el 30 de septiembre "a menos que se prorrogue mediante decreto", afirmó el arzobispo Thompson.
Instó a aquellos "que consideren necesario acogerse a esta dispensa" a que siguieran la Misa transmitida en directo o por televisión, a que meditaran sobre las lecturas bíblicas del domingo y a que rezaran el rosario para complementar "las prácticas espirituales del domingo y de los días de precepto".
El arzobispo instó a los párrocos y a "todos aquellos que atienden a los fieles" dentro de la Arquidiócesis de Indianápolis "a que se ocupen, en la medida de sus posibilidades, de la atención espiritual de quienes deban acogerse a esta dispensa, especialmente en lo que concierne a los sacramentos de la Penitencia y la Unción de los Enfermos, o a la distribución de la Sagrada Comunión a las personas que no pueden salir de casa".
En su decreto, el arzobispo Thompson citó "un aumento de las medidas de control de la inmigración en la Arquidiócesis de Indianápolis" que han provocado "un aumento significativo del miedo y la ansiedad entre nuestras comunidades de inmigrantes".
En una declaración trilingüe que acompaña al decreto, el arzobispo Thompson señaló específicamente un "reciente aumento en la actividad de control migratorio en Indiana ha provocado temor e incertidumbre en muchas familias, particularmente cuando la detención resulta en la separación repentina de padres e hijos".
"Si bien se reconoce la necesidad de que las fuerzas del orden protejan y defiendan, es gravemente preocupante ser testigos" de cómo las familias están siendo separadas, afirmó el arzobispo, según la declaración emitida en español. "La familia, el tejido de la estabilidad en nuestra sociedad, debe ser valorada y defendida".
Añadió: "La dignidad inherente de haber sido creados a imagen de Dios exige que cada persona sea tratada con dignidad, compasión y respeto".
Las detenciones de inmigrantes se han disparado en los últimos meses; los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE en inglés) muestran que en junio se detuvo a más de 43.000 personas, la cifra mensual más alta desde el inicio del segundo mandato de Trump, según CBS News.
Citando fuentes de la agencia, el medio informó de que el repunte de las detenciones se produce en un momento en que ICE se ve presionada para garantizar 2.000 detenciones al día. Al mismo tiempo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró a CBS News que a ICE no se le han asignado cuotas de detención.
Tras una breve pausa en las operaciones de detención de gran repercusión mediática --que se produjo tras los tiroteos mortales contra los manifestantes de Minneapolis Alex Pretti y Renee Good-- ICE ha reanudado sus redadas con miras a reducir la atención de los medios.
CBS News informó de que el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en declaraciones a los periodistas el 20 de julio, describió este enfoque como una forma de "bajar la temperatura" con los medios de comunicación mientras se "sube la presión en las calles".
Ese mismo mes, dos obispos de Texas --el obispo Daniel E. Garcia, de Austin, y el obispo Brendan J. Cahill, de Victoria-- emitieron una declaración conjunta en la que lamentaban los enfrentamientos mortales relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, tras tres muertes registradas con pocos días de diferencia en julio en el marco de las operaciones de ICE.
En una carta pastoral publicada en agosto, el arzobispo Gustavo García-Siller, de San Antonio, Texas, afirmó que durante sus visitas a los tres centros de detención de inmigrantes de la arquidiócesis --entre ellos un centro de detención familiar en Dilley, Texas-- había "sido testigo, de primera mano, de violaciones a la dignidad humana dentro de sus muros".
También citó datos de una investigación dirigida por el senador demócrata Jon Ossoff, de Georgia, que reveló "más de 1,000 informes creíbles de abusos contra los derechos humanos en centros de detención de inmigrantes desde enero de 2025; entre los que figuran la negligencia médica, la privación de alimentos y agua, el hacinamiento, la privación del sueño y la separación de madres lactantes de sus bebés".
Una investigación de The Guardian publicada el 5 de septiembre reveló que ICE ha llevado a cabo "procedimientos médicos involuntarios" para alimentar a la fuerza a 19 personas en huelga de hambre que se encontraban detenidas, y obtuvo el permiso de un juez federal para insertar quirúrgicamente una sonda de alimentación directamente en el estómago de un hombre cubano en contra de su voluntad.
El arzobispo Gustavo-Siller señaló que la inmensa mayoría de las personas recluidas en centros de detención de inmigrantes no tiene antecedentes penales. Al 11 de julio, el 70,6% de los 65.765 detenidos carecía de antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
Las políticas de detención de inmigrantes de EE.UU. también han suscitado la condena internacional, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, volvió a pedir el 7 de septiembre que se rindan cuentas por el aumento de las muertes en los centros de ICE.
