Organizaciones defensoras de la vida en México alertaron que un proyecto de sentencia que será discutido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende avanzar hacia una “despenalización total” del aborto, lo que —según denunciaron— eliminaría la protección legal del ser humano en gestación y abriría la puerta a esta práctica durante los nueve meses de embarazo.
El 28 de mayo la SCJN deberá poner a discusión el proyecto de sentencia para la Acción de inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, del ministro ponente Irving Espinosa Betanzo, que plantea que “eliminar el aborto de los códigos penales es fundamental para descartar procesos penales y erradicar la criminalización social y la que sucede al interior de los servicios de salud”.
La acción de inconstitucionalidad, presentada en 2024 por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, busca invalidar artículos de la Ley para la Protección a la Vida para el Estado de Aguascalientes —que establece que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la presente ley”—, así como artículos del Código Penal del Estado de Aguascalientes, que reducen el plazo del aborto libre a pedido de 12 a seis semanas de gestación.
Tomando como referencia a la organización no gubernamental feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que promueve la agenda del aborto en México, el borrador de sentencia indica que “puede decirse que la única manera de eliminar la criminalización es a través de la despenalización total, con lo que el aborto quedaría regulado solamente desde el ámbito de la salud”.
GIRE es considerada por la abortista estadounidense Planned Parenthood una de sus “organizaciones contrapartes y aliadas”, con quienes “estamos orgullosas de colaborar (...) por la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.
De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Espinosa Betanzo, “lograr materializar la despenalización total del aborto en México sería un hito histórico que marcará un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva”.
En diálogo con ACI Prensa este 27 de mayo, Uriel Esqueda, líder de Campañas de la plataforma Actívate, señaló que “lo que quiere hacer este caso de Aguascalientes es quitar por completo cualquier mínima protección para el ser humano en el vientre”, sentando un “precedente” que luego sería replicado en otros estados para liberalizar el acceso al aborto.
“Al final del día, al derogar el tema del delito del aborto abres la posibilidad para abrir el aborto en cualquier momento del embarazo”, indicó.
Por su parte, Red Familia advirtió que “el proyecto reduce de manera cada vez más estrecha el margen de configuración legislativa de las entidades federativas. Aunque formalmente no fija un plazo único para el aborto en México, materialmente empuja hacia un modelo nacional uniforme construido desde criterios judiciales y no desde deliberación democrática, con esto se arriesga a una confrontación directa con gobernadores y legisladores”.
“Nos preocupa profundamente que este proyecto de sentencia no sólo invalide prácticamente de manera integral la regulación aprobada democráticamente por el Congreso de Aguascalientes, sino que además avance hacia una lógica de despenalización estructural del aborto en México, al sostener que el uso mismo del derecho penal para proteger la vida en gestación sería contrario al Estado democrático de Derecho”, dijo Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia en un comunicado compartido con ACI Prensa.
Rodrigo Iván Cortes, presidente del Frente Nacional por la Familia, aseguró en un video mensaje que “la Suprema Corte pretende hacer una suprema injusticia esta semana, ya que quieren votar un proyecto por el cual quieren quitar el tipo penal aborto de Aguascalientes”, permitiendo esta práctica durante los nueve meses de embarazo, y “con una repercusión que podría llegar a toda la República”.
“México no necesita más muerte, tenemos suficiente con los cientos de miles asesinados por el crimen organizado, como para que ahora la Suprema Corte quiera legalizar la muerte de los más inocentes”, expresó.
“Jueces activistas”
Uriel Esqueda denunció que “hoy en la Corte no tenemos jueces imparciales, tenemos activistas que responden a agendas ideológicas, a grupos de interés minoritarios”, y criticó que los ministros que conforman la máxima instancia judicial mexicana “hoy se sienten legisladores y que están por encima de los estados”.
Tras la reforma judicial de 2024, los ministros de la SCJN son elegidos por voto popular. Los actuales miembros entraron en funciones el 1 de septiembre de 2025, y se mantendrán en el cargo por periodos que van desde los ocho hasta los 11 años.
El líder de Campañas de Actívate lamentó que aunque con el cambio de la composición de la Corte prometieron que iban “a proteger a los mexicanos”, los ministros podrían dejar el jueves “sin ningún tipo de protección al ser humano en el vientre materno. Entonces, ¿esos mexicanos son de segunda, no importan?, ¿o cuál es la justificación para que hoy los ministros decidan esto?”.
Esqueda alentó a sumarse a la campaña lanzada por Actívate, que ha reunido más de 2.400 firmas, exigiendo a los ministros que no aprueben el proyecto de sentencia propuesto por Irving Espinosa Betanzo y animando a los mexicanos “a que no sean indiferentes”.
“Hoy un grupo de ministros se sienten dueños del país y no lo podemos permitir”, expresó.
-Esta nota fu publicada originalmente en ACIPRENSA.
