El Arzobispado de Buenos Aires (Argentina) ofreció algunas precisiones sobre la situación del sacerdote Manuel Fernando Pascual, condenado a una pena de 12 años por abuso sexual, a quien la justicia civil le otorgó recientemente el beneficio de residir en el campo donde se cometieron algunos de los delitos.
El sacerdote, incardinado en la Arquidiócesis de Buenos Aires, recibió su condena en diciembre de 2022 por parte del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.° 3.
Los delitos por los que le correspondieron 12 años de pena son “abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal perpetrado de manera continuada entre los años 2012 y 2016” y “abuso sexual gravemente ultrajante perpetrado de manera continuada entre los años 2014 a 2016” contra dos religiosas de la Congregación de las Hermanas de San José, que tenía a su cargo.
El agravante es que fueron perpetrados por un ministro de culto reconocido.
En cuanto al estado clerical de Pascual, desde el Arzobispado de Buenos Aires explicaron a ACI Prensa el 16 de marzo que la causa canónica penal del P. Manuel Pascual sigue en curso, y “recién ahora se ha concluido con la etapa de instrucción, se tomaron los testimonios a todas las personas interesadas, testigos, y eso sigue su curso”.
Sin embargo, aclararon que desde el comienzo de las denuncias, se aplicaron sobre el sacerdote dos medidas cautelares.
La primera es la prohibición de todo tipo de ejercicio público del ministerio; la segunda, la prohibición de acercarse a cualquier entorno o ambiente de la Congregación de San José, con las que no puede tener contacto.
Luego de cumplir 3 años de prisión preventiva en la Cárcel de Ezeiza, Pascual llegó excarcelado a su juicio por decisión del juez de instrucción de otro expediente, y no del TOC N.° 3.
Pascual continuaría en esa condición hasta que la Cámara de Casación dicte sentencia, con la condición de presentarse una vez por semana ante el Tribunal Oral en lo Criminal.
Sin embargo, el juez Gabriel Vega, que encabeza el tribunal que condenó al sacerdote, lo liberó de la obligación de ese trámite semanal por pedido de su abogado, quien argumentó que el P. Pascual atraviesa un cuadro de depresión.
Además, le concedió el beneficio de residir en el campo “La Ermita”, de Capitán Sarmiento, en la Provincia de Buenos Aires, donde habría cometido algunos de los abusos, según los testimonios de las religiosas que lo llevaron a su condena.
El portal argentino Infobae conversó con una fuente con acceso al expediente, que declaró: “Fue su defensor quien pidió ahora no ir más una vez por semana a ‘firmar’ al tribunal, ya que asegura que está deprimido. Pidió mudarse al mismo campo donde fueron los abusos, algo que no está prohibido, porque es su propiedad”.
“El beneficio fue una resolución del tribunal, que no tenía por qué dar vista a las partes”, consigna Infobae.
En esa línea, el Arzobispado de Buenos Aires explicó que el campo “La Ermita”, de Capitán Sarmiento, donde le permitieron residir, no es sede de la Congregación de San José, sino que es un campo privado y particular, propiedad del P. Manuel Pascual. “Es su casa y por eso allí no están las religiosas, sino que estará completamente solo”.
En octubre de 2022, cayó sobre el sacerdote una nueva imputación: una religiosa que hoy tiene cerca de 40 años lo acusa de abuso sexual. De prosperar este expediente, probablemente se juzgue en otro proceso.
