Un día después de cancelar la personalidad jurídica de 1.500 ONGs en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, eliminó la exención del impuesto a la renta para las iglesias. Se trata de una medida que la investigadora Martha Patricia Molina considera como un “zarpazo fiscal” que terminará por “ahogar financieramente a la Iglesia [Católica] para que caiga por su propio peso”.
Este jueves 22 de agosto, el diario oficial La Gaceta publicó la ley 1212, con la que se modifican otras tres leyes: la ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro, la ley de regulación de agentes extranjeros, y la ley 822 de concertación tributaria. El diario informa que esta decisión procede de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, por iniciativa de Ortega.
El artículo quinto de la ley 1212 ordena: “Deróguese el numeral 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria” de 2012, así como sus reformas.
El numeral 3 del artículo 32 señalaba que estaban exentas del impuesto a la renta “Las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinadas exclusivamente a fines religiosos”.
Un especialista citado, pero no identificado, por el diario La Prensa, explica que con esta decisión de la dictadura “todas las iglesias de cualquier denominación quedarán sujetas bajo el terrorismo fiscal que la dictadura ha sometido al sector privado y ahora a las instituciones religiosas”, y deberán pagar entre 10 y 30 % en impuesto a la renta.
Sobre esta decisión, Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? que da cuenta de 870 agresiones de la dictadura contra la Iglesia Católica, denunció que las autoridades ya han estado en parroquias pidiendo documentos sobre las cuentas.
En “semanas anteriores autoridades del régimen habían visitado parroquias para solicitar información de cómo llevan sus cuentas, pidieron ver los libros mayores y menores, ingresos y egresos que obviamente en la administración parroquial no se lleva así”, escribió Molina en la red social X.
“Ahora los curas tendrán que contratar a un CPA [contador público autorizado] para que lleve todas estas cuentas y decir también quienes son sus principales donantes”, agregó.
El especialista citado por La Prensa indicó además que ahora los colegios religiosos también quedarán sujetos al régimen tributario. Viene un “infierno fiscal para las iglesias”, alertó.
Sobre esta y otras decisiones de la dictadura, Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, comentó que se han realizado como “un acto de solidaridad”.
“Hemos dicho en los últimos días que cada organización de acuerdo a su naturaleza o campo de acción, solicita la suscripción de Alianzas de Asociación al Ministerio del Interior o a la Cancillería, para ejecutar sus programas o proyectos, lo que pretendan ejecutar en el país, en el marco estipulado de respeto a las leyes de nuestro país y sobre todo sabiendo que su labor es de fraternidad y solidaridad, que, por lo tanto, no hay otras consideraciones que puedan esgrimirse alrededor de sus funcionamientos, ni exoneraciones, ni tratamiento especiales, en términos fiscales”, dijo Murillo.
Félix Maradiaga, excandidato presidencial y presidente de la Fundación Libertad para Nicaragua, señaló el 20 de agosto en 100%Noticias que “la historia nos ha demostrado que la represión no puede sofocar indefinidamente el anhelo de libertad de un pueblo. Nicaragua, con su rica tradición de fe y resistencia, no será la excepción”.
“Las iglesias y la sociedad civil continuarán siendo baluartes de dignidad y coraje, enfrentando con valentía la tiranía. Y es nuestra responsabilidad, como defensores de los derechos humanos, alzar la voz y apoyar a aquellos que, a pesar de todo, siguen luchando por un futuro libre y justo para Nicaragua”, aseguró.
- Esta nota fue publicada originalmente en ACIPRENSA.
